El 23 de septiembre de 2020 fue aprobado (con 146 votos a favor) y despachado para su promulgación como Ley, el proyecto que perfecciona la normativa laboral acerca del trabajo infantil en Chile. Esta iniciativa incorpora precisiones sobre las categorizaciones de niñas/niños y adolescentes para efectos laborales, así también como la edad mínima para trabajar (15 años cumplidos – «adolescentes en edad de trabajar»), junto con determinar el tiempo máximo que se puede destinar a funciones laborales durante el año escolar (30 horas semanales, distribuidas en jornadas de no más de 6 horas diarias), todo con la finalidad de aumentar la protección de la población propensa al trabajo infantil.
El proyecto ha sido aprobado casi unánimemente por ambas cámaras del Congreso nacional, y en su discusión han intervenido organizaciones e instituciones como la Subsecretaría de la Niñez, la Defensoría de la Niñez y la Organización Internacional del Trabajo, entre otros.
En el ámbito laboral, la propuesta aprobada establece que el empleador deberá garantizar todas condiciones de seguridad y salud en el trabajo para los adolescentes con edad para trabajar, aplicándose para ellos todos los derechos y beneficios de transporte y alimentación que la organización laboral otorgue a los demás trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que el trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales, que ha demostrado perjudicar el desarrollo de los niños, pudiendo conducir a daños físicos o psicológicos que les durarán toda la vida.
En los peores casos, el trabajo infantil puede esclavizar a los niños, separarlos de sus familias, exponerlos a peligros y enfermedades graves y/o abandonarlos a su propia suerte en las calles de las grandes ciudades (a veces cuando aún tienen muy pocos años).
Las cifras más recientes entregadas por la Dirección del Trabajo de Chile, señalan que cerca de doscientos treinta mil niños y niñas se encuentran en condición de trabajo infantil en el país (el 6,9% del total de la población entre 5 y 17 años), por lo cual resulta imperante que se refuerce la normativa laboral referente a esta materia, con la finalidad de proteger el desarrollo de la población más joven del país. En este sentido, el proyecto de Ley despachado viene a robustecer la norma laboral vigente en concordancia con las exigencias de la OIT sobre esta materia. A saber, fue la misma OIT quien en el año 2018 invitó a Chile a trabajar para ser un país pionero para la erradicación del trabajo infantil en Latinoamérica.